Los padres madrileños denuncian, además, la “situación surrealista” que atraviesan en la Comunidad de Madrid los objetores a Educación para la Ciudadanía. Y es que mientras la Presidenta Esperanza Aguirre insiste en su rechazo a estas asignaturas por “adoctrinadoras”, la Consejería de Educación pretende obligar a los niños a entrar en clase y se niega a responder a sus declaraciones de objeción. 

Los padres madrileños confían en conseguir resoluciones judiciales similares a las dictadas por el TSJ de Castilla y León, que ha amparado en los últimos meses a 538 alumnos de esta Comunidad, separándose, de manera muy fundamentada, de los fallos del Tribunal Supremo cuyo primer aniversario acaba de cumplirse.

Leer el artículo “Educación para la Ciudadanía: primer aniversario de unas sentencias ideológicas”, publicado en DIARIO DE UN PADRE OBJETOR.

Descargar el texto íntegro de la sentencia de 23/09/2009 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconoce el derecho de los padres a la objeción de conciencia frente a EpC y declara exentos a sus hijos de la obligación de cursar estas asignaturas.

Madrid 02/03/ 2010.- La plataforma Madrid Educa en Libertad denuncia en su nota que, por una parte, durante la campaña electoral de 2008, Esperanza Aguirre anunció que en la Comunidad de Madrid los alumnos de las asignaturas de EpC que lo desearan podrían realizar trabajos de voluntariado en lugar de asistir a clase. Aunque la forma de evaluación de las asignaturas no quedaba clara, expresaba un rotundo rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid a un conjunto de asignaturas que Aguirre calificó de “adoctrinadoras”.

 Sin embargo, una vez dictadas las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC, que no afectan a ningún alumno madrileño, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se apresuró a dictar una resolución en la que se recordaba que todos los alumnos (objetores o no) debían cursar las asignaturas. “Esta resolución administrativa ha sido considerada como una negativa expresa al ejercicio al derecho a la objeción de Conciencia a las asignaturas de EpC”, afirma la plataforma.

 Una vez que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha denegado a los padres el derecho a objetar, éstos han empezado a presentar recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De momento, según informa Madrid Educa en Libertad, han sido 24 familias las que lo han presentado en nombre de 39 niños y jóvenes que acuden a centros públicos y concertados de Madrid, Villalba, Las Rozas, Boadilla, El Escorial, Velilla de San Antonio y Alcalá de Henares.

 En la demanda judicial presentada, estos padres reclaman que se les reconozca el derecho a la objeción de conciencia frente a EpC y que se declare a sus hijos exentos de cursarlas, de asistir a sus clases y de ser evaluados. Invocan para ello la Constitución Española, diversos tratados internacionales así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Alegan que los reales decretos que desarrollan el currículo de EpC pretenden “impartir (e imponer puesto que no se valoran solo conocimientos, sino también conductas) una ética común, una moral concreta, no neutra, que parte de una antropología y unos postulados ideológicos concretos”.

 María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad, resalta que las resoluciones del Supremo contrarias al reconocimiento de la objeción no obligan a los jueces y tribunales a resolver de idéntica forma los recursos sobre esta cuestión:

 “Tras las famosas sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC se han emitido sentencias nuevas favorables a los objetores; en Castilla y León, ya son 538 los alumnos que no van a cursar las asignaturas gracias a una sentencia judicial. En Madrid no nos ha quedado más remedio que seguir el mismo camino y acudir a los juzgados”.